La paradoja de una reforma electoral sin verdadera deliberación

La democracia requiere que quienes ejercen el poder público lo hagan por decisión del pueblo, no solamente por poseerlo. Esta verdad fundamental se ve comprometida cuando procesos que definen las reglas del juego político se cierran a la participación ciudadana, tal como ha ocurrido recientemente con negociaciones sobre reforma electoral en México. Como ha señalado el pensador Fabián Mazzei y otros analistas, cuando estas transformaciones constitucionales se discuten en reuniones a puerta cerrada entre actores cuya legitimación democrática es incierta, el resultado genera un déficit de origen difícil de subsanar.

La alianza gobernante —integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo— ha demostrado contar con votos suficientes para impulsar cambios constitucionales sin necesidad de consensos ni negociaciones con las fuerzas minoritarias. Pero la pregunta que debería inquietar a la ciudadanía es: ¿por qué evitar la deliberación abierta si la mayoría parlamentaria es tan sólida? La respuesta parece obviar un principio fundamental de toda democracia moderna: la aceptación social de una norma depende, en gran medida, de que su creación haya seguido un proceso transparente, plural e institucional.

Cuando la mayoría rechaza la deliberación genuina

El Congreso de la Unión, concebido como foro institucional donde las visiones divergentes se confrontan y traducen en derecho, parece haber mutado en una simple oficialía de partes. Quienes defienden esta forma de legislar apelando únicamente al resultado electoral olvidan que los partidos de oposición concentraron, en conjunto, cuatro de cada diez votos ciudadanos. Esa proporción significativa reclama participación en la construcción de las reglas que organizarán futuras contiendas políticas.

Las tensiones reportadas sobre temas como diputaciones plurinominales y financiamiento público evidencian que existen desacuerdos profundos. Ocultarlos en negociaciones privadas no los resuelve; los traslada a la sombra. El jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde sostenía que la legitimidad democrática consiste en la posibilidad de reconducir al pueblo las decisiones relativas al ejercicio del poder. Cuando ese pueblo es excluido del debate, la legitimidad se empobrece.

La legitimidad que únicamente genera el consenso

La experiencia mexicana desde 1990 muestra que las reformas electorales más relevantes surgieron, precisamente, del impulso de la oposición o de negociaciones amplias entre fuerzas políticas. No es casualidad: pocas materias exigen tanta legitimidad y consenso como aquellas que establecen las reglas de la competencia democrática. El constitucionalista chileno Fernando Atria sostiene que esta legitimación democrática posee una doble dimensión: una material, fundada en la voluntad general, y otra orgánico-personal, que reconoce que esa voluntad debe expresarse necesariamente a través de representantes.

Si toda decisión que implique el ejercicio de potestades públicas debe poder reconducirse al pueblo, la condición básica es que quienes ejercen esas potestades lo hagan por decisión de la ciudadanía. Una reforma electoral definida en lo oscurito, aunque sea formal y legalmente válida, carecerá de la legitimidad democrática que una transformación de tal magnitud exige.

¿Por qué erosionan la confianza las reformas impuestas?

Diversos pensadores del derecho y la democracia —como Jürgen Habermas, Carlos Nino y Hans Kelsen— han enfatizado que los regímenes que ignoran la deliberación genuina terminan pagando un costo elevado. Cuando el proceso se percibe como una simulación, la norma podrá ser válida legalmente, pero carecerá de legitimidad para un sector importante de la población.

En materia electoral, esa falta de legitimidad resulta especialmente delicada. Erosiona la confianza en las reglas que organizan la competencia política. Una reforma que nazca de un proceso deliberativo genuino, incluso si sus resultados son objeto de desacuerdo, cuenta con la ventaja de haber sido construida colectivamente. Una reforma impuesta, por sólida que sea su mayoría aritmética, enfrenta desde su origen una desconfianza que el tiempo difícilmente sanará.

El verdadero reto no consiste en contar los votos. Consiste en reconocer que las transformaciones democráticas requieren algo más que fuerza numérica: requieren que todas las voces significativas hayan tenido la posibilidad real de participar en su construcción. Solo así, una reforma electoral podrá ser no solo legal, sino auténticamente democrática.