Batalla por el futuro de las criptomonedas en EE. UU.: la industria presiona por la ley clarity act, mientras que las presiones bancarias bloquean un acuerdo en el Senado

Las asociaciones de criptomonedas se centraron en la ley «Digital Asset Market Clarity Act of 2025» (H.R. 3633), viéndola como un documento clave para el crecimiento futuro del sector. Sin embargo, tras puertas cerradas en el Senado, se libra una lucha acérrima — no tanto por la ley en sí, sino por quién se beneficiará del mercado futuro. Los republicanos quieren una votación rápida en la comisión bancaria ya el 15 de enero, pero los demócratas y los bancos tradicionales bloquean las negociaciones con demandas regulatorias crecientes.

¿Dónde realmente reside el conflicto?

Resulta que la disputa no trata sobre la seguridad financiera, sino sobre los ingresos puros. Empresas como Ripple ven en la ley la posibilidad de abrir modelos de negocio que actualmente están bloqueados por reglas poco claras. Sin embargo, los bancos estadounidenses ganan aproximadamente 176 mil millones de dólares al año en depósitos y además 187 mil millones en tarifas por transacciones con tarjetas, lo que equivale a un promedio de 1,440 dólares por hogar al año.

Aquí surge el problema real: los stablecoins amenazan estos márgenes. La industria de las criptomonedas quiere permitir a los poseedores de tokens recibir recompensas de activos de reserva (como bonos del tesoro). Los bancos se oponen firmemente, argumentando que esto provocará una fuga de depósitos del sistema financiero tradicional. Sin embargo, los datos sugieren otra cosa: estudios no mostraron una relación estadísticamente significativa entre el crecimiento de los stablecoins y la disminución de los depósitos bancarios.

Requisitos de los demócratas: miedo a DeFi y centralización

Los demócratas presentaron una serie de nuevas propuestas que cambiarían fundamentalmente el impacto de la ley en la innovación. Las demandas clave incluyen:

• Verificación obligatoria de usuarios en el acceso a interfaces DeFi
• Ampliación de las competencias del Departamento del Tesoro en la supervisión del sector
• Una nueva categoría regulatoria para el “DeFi no descentralizado”, que en la práctica incluye muchos proyectos existentes que declaran descentralización
• Límite de 200 millones de dólares en la captación de capital para los emisores
• Modelo de notificación invertido: los proyectos tendrían que informar proactivamente a la SEC que no son valores

Este último cambio es crucial: en lugar de esperar acciones de ejecución, será una “jugada invertida en atraparme si puedes”, que endurece significativamente los requisitos para las startups en etapas tempranas.

Ambiciones institucionales y competencia global

Ripple, que posee licencia bancaria, adquirió recientemente al corredor principal Hidden Road, que maneja aproximadamente 3 billones de dólares anualmente. Esta transacción simboliza un enfoque estratégico hacia funciones que requieren depósito y controles operativos aprobados — acciones imposibles de realizar a gran escala sin un marco federal que la Clarity Act pretende proporcionar.

Mientras tanto, el mundo no espera. Europa ya implementó MiCA, que establece una licencia de mercado único de referencia. Asia — especialmente Singapur, como centro financiero clave en el mapa asiático — y Hong Kong, atraen activamente liquidez que las empresas estadounidenses intentan mantener en su país. El Senado no debería ignorar este arbitraje jurisdiccional: si las regulaciones son demasiado restrictivas, la industria de las criptomonedas se trasladará allí donde las reglas sean más amigables con la innovación.

Fuentes de ingresos como clave del debate

Los estudios de la Brookings Institution relacionan el crecimiento de los stablecoins con la demanda de bonos del tesoro a corto plazo — un canal que hace que la escala de las criptomonedas deba ser vista por el Departamento del Tesoro desde la perspectiva de las finanzas públicas. Esto refuerza los argumentos a favor de acelerar las acciones legislativas, especialmente ante la presión de la competencia internacional.

En última instancia, la Clarity Act pondrá a prueba si el Congreso apoyará la innovación o protegerá la rentabilidad del sector bancario. La respuesta determinará si el futuro de la infraestructura financiera se construirá en EE. UU. o fuera de sus fronteras.