El 14 de enero, el mundo de las inversiones en criptomonedas explotó.

Un conocido socio de capital de riesgo expresó su apoyo a la "Ley Clarity" (Ley de estructura del mercado de activos digitales), considerando que es un avance clave para proteger la descentralización y apoyar a los desarrolladores. Admitió que la ley no es perfecta, pero enfatizó que actualmente es la ventana para que Estados Unidos tome la iniciativa en la competencia global de criptomonedas—si se pierde la oportunidad de revisión en el Comité de Banca del Senado este año, probablemente habrá que esperar varios años más.

Antes de que terminara de hablar, otro CEO de una de las principales plataformas de intercambio salió a contradecirlo, calificando la ley de "terrible". La razón es contundente: el borrador prohíbe en secreto las acciones tokenizadas, impone restricciones que violan la privacidad en DeFi, y además busca reducir las competencias de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Parece ser un enfrentamiento entre los defensores de las políticas y los practicantes. Un lado dice "aunque no sea perfecta, hay que aprobarla", el otro dice "esto es completamente inaceptable".

Esto refleja la verdadera división interna en la industria de las criptomonedas—una tolerancia muy diferente hacia el marco regulatorio. Algunos ven la regulación como una mejora, otros sienten que es una cadena que los ata. En 2026, en este momento clave, aún no está claro cómo avanzará la legislación de criptomonedas en Estados Unidos.