El 10 de enero, más de veinte altos ejecutivos de grandes empresas petroleras estadounidenses mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca para discutir el desarrollo de los recursos petroleros de Venezuela. Se pensaba que sería una negociación de inversión animada, pero la realidad fue muy diferente: casi nadie estaba dispuesto a poner dinero en ello.

El momento más dramático ocurrió en el lugar. Cuando los decisores volvieron a enfatizar que proporcionarían "apoyo militar" para proteger los intereses de las empresas estadounidenses, un responsable de una compañía petrolera respondió sin rodeos: "A menos que Venezuela tenga un gobierno legítimo, no consideraremos invertir." Tras estas palabras, la sala quedó en un silencio incómodo.

Parece absurdo, pero la lógica detrás es clara. Venezuela posee efectivamente las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 3000 millones de barriles. El problema es que su industria petrolera ha sido diezmada por sanciones, envejecimiento, brechas tecnológicas y una gestión caótica. Incluso si alguien quisiera salvar la situación, recuperar la capacidad de producción costaría miles de millones de dólares y tomaría de tres a cinco años para ver resultados.

Lo más importante es el riesgo. En un escenario actual de caos político y una transición de poder llena de incertidumbre, cualquier inversión puede terminar en pérdida total: nacionalización de activos, ruptura de contratos, e incluso riesgos para la seguridad del personal. ¿El apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses? Es una promesa, pero en realidad no es posible mantener tropas en proyectos comerciales a largo plazo. Si el conflicto se intensifica o cambia el gobierno, las empresas no tendrán compensación por los daños.

La historia está frente a nosotros. Chevron operó en Venezuela durante años y, tras una orden de nacionalización en 2007, aún no ha recuperado completamente su inversión. Esta lección del pasado ha enseñado a los gigantes energéticos a ser más astutos: incluso con respaldo gubernamental, hay que sopesar si vale la pena. Esto podría ser la mayor ironía en el plan de la Casa Blanca de Trump.