Stablecoins, IOF y el regreso de la inseguridad jurídica en Brasil

Fuente: Exame
Título original: Stablecoins, IOF y el regreso de la inseguridad jurídica en Brasil

Las stablecoins movieron globalmente más de 27 billones de dólares en 2024, superando los volúmenes combinados de Visa y Mastercard. En Brasil, más del 70% de las transacciones con criptoactivos ya se realizan a través de estos instrumentos, sobre todo los referenciados en dólares. Este crecimiento, que podría representar una de las mayores oportunidades de modernización financiera de la historia reciente del país, vuelve ahora a ser tratado bajo la vieja óptica recaudatoria, con el Ministerio de Hacienda señalando la intención de instituir el IOF sobre operaciones con criptoactivos, pocos meses después de que la MP 1303 fuera propuesta y, incluso sin entrar en vigor, asustara al mercado al indicar una posible elevación abrupta de la carga sobre operaciones con criptoactivos.

El punto más preocupante no es solo económico, sino institucional. Este movimiento ocurre justamente en el momento en que el Banco Central, tras cuatro consultas públicas amplias y transparentes, concluyó un marco regulatorio robusto para el sector. Esta nueva regulación establece criterios claros, exige la presencia de empresas debidamente autorizadas y crea condiciones para que operaciones hoy conducidas por plataformas offshore pasen a ocurrir dentro del país. Como consecuencia directa de este proceso, Brasil tiende a atraer más actividad económica, desarrollo tecnológico e inversiones — resultados naturales de un mercado regulado y previsible.

Es precisamente por eso que la señalización del Ejecutivo es tan problemática. En el momento en que el regulador busca dar estabilidad y crear un ambiente confiable para que empresas globales puedan establecerse en Brasil, el gobierno federal introduce incertidumbres que debilitan la credibilidad del marco recientemente construido.

La inseguridad jurídica se deriva no solo de la posibilidad de nuevos costes, sino del intento de encuadrar, a través de un acto infralegal, transacciones con activos virtuales en hipótesis tributarias sin respaldo claro en la legislación. Al sugerir que la inclusión de determinadas operaciones con stablecoins en el llamado “mercado de cambio” implicaría automáticamente sujeción al IOF‑cambio, el Ejecutivo adopta una interpretación que no encuentra apoyo técnico en el ordenamiento vigente y reaviva un ciclo de duda justo cuando el país más necesita previsibilidad.

El hecho generador del IOF-cambio sigue siendo, según el Decreto 6.306, el acto de liquidación de la operación de cambio, lo que presupone la entrega de moneda nacional y moneda extranjera o de títulos que las representen. Sucede que las stablecoins, incluso cuando están referenciadas en monedas fiduciarias, no son moneda extranjera, ni tampoco documentos representativos de moneda, según definición expresa de la propia Ley 14.478/2022.

La legislación brasileña es clara al excluir los activos virtuales de este concepto, reforzando que estamos ante una categoría jurídica distinta, que no puede ser artificialmente equiparada al cambio tradicional solo por conveniencia recaudatoria.

Aunque el Banco Central haya avanzado al reconocer y encuadrar determinadas operaciones con activos virtuales dentro de un marco regulatorio más claro, eso no autoriza, por sí solo, la expansión automática del alcance tributario. Las operaciones descritas en la nueva regulación — como transferencias internacionales con activos virtuales, uso vinculado a medios de pago o transacciones que involucran carteras autocustodiadas — no configuran liquidación de operación de cambio en los términos legales. Son, en la práctica, flujos de activos digitales que pueden tener naturaleza económica internacional, pero que no se confunden con la entrega bilateral de monedas, condición esencial para la incidencia del IOF.

Al insistir en esta interpretación extensiva, el gobierno crea un precedente peligroso: el de transformar la innovación financiera en un campo de experimentación fiscal, donde los conceptos jurídicos pasan a ser moldeados conforme a la necesidad de recaudación a corto plazo. Esta postura ignora no solo el marco legal recién establecido para los criptoactivos, sino también los efectos prácticos y sistémicos de dicha señalización.

Al señalar la recaudación del IOF en un segmento que el propio Banco Central busca organizar y atraer a las fronteras regulatorias, el gobierno desestimula a las empresas que ya venían evaluando instalar estructuras en Brasil y desincentiva nuevas inversiones. Y es fundamental reconocer: el potencial de recaudación con el IOF — limitado e incierto — no compensa ni de lejos la pérdida de inversiones directas, empleos cualificados, tributos corporativos, PIS/Cofins, ISS, IRPJ, además de la fuga de innovación y talento. Se trata de un intercambio profundamente desfavorable para el país.

El resultado es previsible. En lugar de fomentar la creación de stablecoins respaldadas en reales, lo que podría atraer capital extranjero, fortalecer la moneda nacional y ampliar la base de financiación de la deuda pública, el país señala hostilidad regulatoria. Proyectos que podrían desarrollarse localmente pasan a buscar jurisdicciones más previsibles, empujando innovación, empleos e inversiones fuera del país.

Brasil, que podría liderar la integración entre finanzas digitales y mercado de capitales, vuelve a asumir el papel de espectador desconfiado y fiscalista.

Este giro ocurre, irónicamente, en un momento en que el mundo camina en la dirección opuesta. Las economías centrales discuten cómo utilizar stablecoins como instrumento de eficiencia, inclusión e incluso proyección monetaria internacional. Aquí, se tratan como un vector más de recaudación, desconsiderando su potencial estructural de transformación.

Más grave aún es el impacto reputacional de este movimiento. Aunque la MP 1303 haya caducado, su simple presentación fue suficiente para asustar al mercado en su conjunto y reavivar la alerta sobre la previsible fragilidad del entorno regulatorio brasileño. La propuesta evidenció el grado de imprevisibilidad con que el gobierno está dispuesto a tratar temas sensibles de tributación financiera.

Ahora, al señalar la posibilidad de IOF sobre criptoactivos, vuelve a reforzar la percepción de que las reglas pueden ser modificadas en cualquier momento, sin debate técnico profundo y con una interpretación jurídica cuestionable. Para cualquier inversor, sea nacional o extranjero, el mensaje es claro: las reglas pueden cambiar en cualquier momento, por conveniencia fiscal, aunque eso contradiga la propia legislación vigente.

Las stablecoins no representan una amenaza a la soberanía. Al contrario, podrían convertirse en una herramienta estratégica para proyectar el real en el entorno digital global, ampliar la eficiencia de los flujos financieros y reducir el coste estructural de la deuda pública. Lo que realmente amenaza al país es la repetición de ciclos de inseguridad jurídica, creatividad tributaria y desajuste entre innovación y Estado.

La elección que se le impone a Brasil no es entre control y caos, sino entre visión a largo plazo e inmediatismo recaudatorio. Tratar a las stablecoins como cambio por analogía forzada y someterlas al IOF por interpretación expansiva no fortalece la soberanía, sino que debilita la credibilidad. Y, en un mundo donde el capital es móvil y la innovación busca ambientes previsibles, esta es una cuenta que el país invariablemente termina pagando, con altos intereses y crecimiento limitado.