El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció recientemente que la “autoridad interina” de Venezuela transferirá aproximadamente entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que las ganancias serán vendidas y controladas directamente por EE. UU. a precios de mercado. Según los precios actuales del petróleo, este lote podría valer hasta 2.800 millones de dólares. Hace unos días, la noticia de que las fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una operación también reforzó las expectativas de que los activos venezolanos están siendo sometidos a una toma de control sistemática.

Con la inclusión clara de los activos petroleros en el control estadounidense, el mercado ha comenzado a centrar su atención en otros posibles activos que posea Venezuela, especialmente en Bitcoin. Algunas informaciones sugieren que el régimen de Maduro podría estar creando una “reserva en la sombra” mediante criptomonedas para evadir sanciones a largo plazo. Sin embargo, los datos relacionados son altamente divergentes; hay informes que indican que Venezuela posee criptomonedas por valor de hasta 60.000 millones de dólares, mientras que plataformas de análisis en cadena estiman que solo posee alrededor de 240 BTC. Actualmente, ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada mediante direcciones en la cadena o información de custodia.

Los analistas señalan que, tras ser excluida del sistema financiero tradicional, no es imposible que Venezuela se vuelva hacia activos descentralizados como Bitcoin. El país ya intentó lanzar una criptomoneda respaldada por petróleo, Petro, que finalmente fracasó, reflejando también su exploración a largo plazo de sistemas financieros alternativos.

A diferencia de los activos físicos como el petróleo, Bitcoin no puede ser embargado mediante medios físicos. La confiscación de estos activos depende en gran medida de la posesión de la clave privada o de la cooperación de instituciones de custodia bajo jurisdicción estadounidense. Considerando el contexto de sanciones, es más probable que los círculos cercanos a Venezuela utilicen autogestión y múltiples carteras distribuidas, lo que aumenta significativamente la dificultad de rastreo y control. Pero si la clave privada cae en manos de EE. UU., Bitcoin podría ser transferido y confiscado en un corto período de tiempo.

Este debate se ha intensificado también por la propuesta de Trump de crear una reserva estratégica de Bitcoin “sin fondos de contribuyentes”. El mercado está atento a que el gobierno de EE. UU. podría, en el futuro, obtener activos en Bitcoin mediante confiscaciones judiciales, sanciones u otros mecanismos. Si Venezuela realmente posee una cantidad significativa de BTC, su destino no solo afectará la geopolítica, sino que también podría convertirse en una variable importante en la narrativa de reservas nacionales de Bitcoin.

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