El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de imponer una fuerte multa de 7,1 millones de dólares a una empresa con sede en Nueva York. ¿Por qué? Fueron sorprendidos gestionando activos inmobiliarios para una persona estrechamente vinculada al presidente ruso.

Esto no es solo otra historia de cumplimiento normativo. Es una llamada de atención sobre lo en serio que se toman los reguladores estadounidenses el seguimiento de los flujos financieros, especialmente cuando están relacionados con personas sancionadas. Al parecer, la empresa siguió gestionando operaciones inmobiliarias incluso después de la entrada en vigor de las sanciones, lo que básicamente es buscarse problemas en el clima regulatorio actual.

¿Qué significa esto para el mundo financiero en general? Pues bien, acciones coercitivas como esta generan ondas en todos los sectores de gestión de activos. Tanto si trabajas con inmobiliario tradicional como con activos digitales, el mensaje es claro: la diligencia debida ya no es opcional. Es cuestión de supervivencia.

El Departamento del Tesoro ha intensificado recientemente su actividad sancionadora, y no se andan con rodeos ante las infracciones. Siete millones puede parecer una cifra aleatoria, pero está calculada para doler, lo suficiente como para que otras empresas se lo piensen dos veces antes de recortar en controles de cumplimiento.

Para cualquiera que trabaje en el sector cripto o blockchain, esto toca muy de cerca. Ya estamos navegando un laberinto regulatorio, y casos como este demuestran que las autoridades tienen las herramientas y la voluntad para seguir el rastro del dinero hasta donde sea necesario. Ninguna clase de activo tiene vía libre cuando las tensiones geopolíticas están en alza.

¿La conclusión? Si gestionas cualquier tipo de activo—digital o físico—más vale que tu marco de cumplimiento sea a prueba de balas. El coste de hacerlo mal acaba de subir considerablemente.